Con esta iniciativa se ha querido mostrar su completo rechazo por la situación de alarma que está viviendo el colectivo, una situación que está llevando a muchas familias con personas con discapacidad en su seno a la ruina. El motivo de esta movilización es que desde el 1 de febrero, y en aplicación a la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, el Consell derogó el segundo párrafo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad, por el que la Generalitat Valenciana que garantizaba la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas, a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado igual o superior al 33 %, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Alfonso Rodríguez, vicepresidente 2º del CERMI CV y responsable de su delegación en Alicante, Miguel Ángel Consuegra, presidente de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante, Javier Segura, vicepresidente de COCEMFE Alicante, han sido las personas que han intervenido.

Rodríguez ha agradecido “la implicación que todo el colectivo de la discapacidad ha mostrado llenando las calles de Alicante y haciendo visible la situación tan injusta que las personas con discapacidad están atravesando”, además ha recordado que “todos los partidos políticos, por unanimidad, aprobaron en el Pleno Municipal del Ayto. de Alicante del pasado miércoles 27 de febrero su rechazo por la gravísima situación de las actuales políticas sociales de atención a la discapacidad, y concretamente su rechazo contra la supresión del art. 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana”.

La manifestación ha concluido con la lectura del manifiesto donde, se han desgranado todos aquellos aspectos que afectan al colectivo de personas con discapacidad. De este modo, se alerta sobre el incumplimiento sistemático de leyes, el aumento de la pobreza y la exclusión social, la soledad de las familias, el debilitamiento de los bajos niveles de protección social conseguidos, la paralización de las políticas activas de empleo en el colectivo, el peligro real de la desaparición de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, la posible desaparición de los centros especiales de empleo, la existencia de barreras arquitectónicas y de la comunicación, que en ocasiones mantienen a las personas con discapacidad “prisioneras en sus viviendas”, una ley de atención a la dependencia que creó muchas expectativas y que en estos momentos además de estar paralizada, nos está ahogando con el copago impuesto este año y también un copago farmacéutico y ortoprotésico insostenible por las familias y las personas con discapacidad.

A lo que hay que sumar los recortes practicados en ámbitos como empleo, sanidad, educación y vivienda, y la deuda de las administraciones con el sector de la discapacidad, que en la Comunidad Valenciana es una deuda disparatada, “que asfixia las estructuras de las discapacidad y que está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos y dispositivos de soporte, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo”.

De este modo, se ha exigido a los políticos que prioricen los recursos según las necesidades, y se recuerda que la atención a las personas con discapacidad debería ser una prioridad indiscutible